Sheinbaum enfatiza que cargos públicos son pasajeros tras caso Rocha Moya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este sábado que el ejercicio del poder público debe regirse bajo la premisa de la transitoriedad y la responsabilidad institucional. Este pronunciamiento ocurre tras confirmarse que Rubén Rocha Moya presentó una solicitud de licencia indefinida para separarse de su cargo como gobernador de Sinaloa, decisión motivada por los recientes señalamientos que lo vinculan con actividades delictivas por parte de autoridades estadounidenses.

Durante su intervención, la mandataria subrayó que el servicio público exige una conducta ética que priorice el bienestar de la ciudadanía y la estabilidad de las instituciones nacionales. Aunque evitó prejuzgar sobre las investigaciones en curso, el equipo de la Presidencia enfatizó que el gobierno federal mantiene una postura de cooperación con las autoridades judiciales para esclarecer cualquier vinculación con el crimen organizado que pudiera afectar la seguridad en la entidad.

La salida de Rocha Moya ha generado un ambiente de incertidumbre política en Sinaloa, donde el Congreso estatal deberá determinar el procedimiento a seguir para garantizar la continuidad administrativa. De acuerdo con el marco legal vigente, el Poder Legislativo local es el encargado de procesar la licencia y nombrar a quien asumirá la titularidad del Ejecutivo estatal de manera interina, buscando evitar un vacío de poder en una región marcada por tensiones de seguridad.

Desde el gobierno federal, se ha reiterado que el compromiso con la justicia y la transparencia es inalterable, independientemente de la jerarquía o el cargo de los funcionarios involucrados. La administración federal ha propuesto fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas para asegurar que quienes ocupan puestos de elección popular actúen con estricto apego a la legalidad durante todo su periodo de mandato.

Finalmente, la situación en Sinaloa se mantiene bajo observación constante de las fuerzas de seguridad federales, incluyendo la presencia de la Guardia Nacional, para salvaguardar el orden público. Las autoridades han manifestado que el objetivo principal es garantizar la gobernabilidad y proteger a la población civil ante cualquier posible repercusión derivada de los cambios en la estructura gubernamental del estado.