Segob propone aumentar presupuesto para defensa jurídica y atención migratoria en 2027

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó la propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027, en la cual destaca un incremento en los fondos destinados a la defensa jurídica, la atención integral del fenómeno migratorio y la gestión de testamentos. De acuerdo con el documento entregado al Congreso de la Unión, se contempla una partida específica de 119.8 millones de pesos para fortalecer estas áreas estratégicas que forman parte de la agenda administrativa de la dependencia.

Esta propuesta busca robustecer las capacidades institucionales para brindar asistencia legal a ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, además de optimizar los mecanismos de atención en las oficinas de representación migratoria en el territorio nacional. La intención del gobierno federal es garantizar que los servicios de certeza jurídica, particularmente en materia sucesoria, tengan un mayor alcance en las zonas con mayor demanda de trámites administrativos.

El incremento presupuestal se alinea con la estrategia de la Segob para centralizar y mejorar la calidad de la atención al público en trámites esenciales. Según el equipo de planeación de la dependencia, este recurso permitiría ampliar la cobertura de los programas de asesoría gratuita y reducir los tiempos de espera en las ventanillas de servicios migratorios que operan en diversas entidades del país.

El documento ahora deberá ser analizado y discutido por la Cámara de Diputados en las próximas semanas, como parte del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027. Los legisladores tendrán la facultad de evaluar los alcances de esta partida y determinar si el monto propuesto es suficiente para cubrir las necesidades operativas proyectadas para el siguiente año.

De aprobarse estos recursos, la Segob contaría con una mayor operatividad para atender la creciente demanda de trámites migratorios y de regularización documental. La dependencia ha enfatizado que la mejora en estos servicios es una prioridad para mantener el orden administrativo y asegurar que los ciudadanos cuenten con el respaldo necesario ante cualquier requerimiento legal ante el Estado.