Gobierno mexicano analiza propuesta de nuevo gravamen a dispositivos electrónicos

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ha comenzado a estructurar una propuesta legislativa que contempla la aplicación de un cargo adicional de hasta el 2% sobre el valor comercial de dispositivos electrónicos en México. Este esquema, que ha comenzado a discutirse en círculos gubernamentales este mes de agosto, busca generar recursos destinados a la compensación por copia privada, bajo el argumento de que diversos aparatos digitales permiten el almacenamiento y reproducción de contenidos protegidos por derechos de autor.

De acuerdo con los planteamientos iniciales, el gravamen se aplicaría a dispositivos con capacidad de almacenamiento, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y memorias USB. La iniciativa pretende que la recaudación sea gestionada a través de mecanismos que permitan resarcir a los creadores de contenido ante el uso masivo de copias digitales. Este modelo, que aún se encuentra en fase de diseño, busca alinearse con regulaciones internacionales sobre propiedad intelectual, aunque su implementación requeriría de reformas legales específicas que deberán ser discutidas en el Congreso de la Unión.

Representantes de los sectores involucrados en la redacción de la propuesta han indicado que el objetivo principal es actualizar el marco normativo frente al avance tecnológico y el consumo de medios digitales en el país. Se espera que, de concretarse una propuesta formal ante el Poder Legislativo, se abran espacios de diálogo con la industria tecnológica y organismos de defensa del consumidor para evaluar el impacto económico que este cargo podría representar para los usuarios finales.

Hasta el momento, la propuesta no ha sido presentada oficialmente ante la Cámara de Diputados ni el Senado de la República, por lo que su aplicación sigue siendo un proyecto en etapa de análisis técnico. Las autoridades federales han señalado que cualquier medida de esta naturaleza deberá ser sometida a un escrutinio profundo para determinar su viabilidad jurídica y su efecto en la economía de las familias mexicanas, evitando posibles afectaciones a la brecha digital existente en el territorio nacional.